Adopción en San Juan: la barrera invisible de los 12 años y la dramática cifra del 1%

De las 107 familias inscriptas en la provincia, solo un legajo acepta recibir a un adolescente. Mientras la búsqueda se centra en infantes, seis chicos esperan una oportunidad

Por: Leila Codorniu

En San Juan hay 107 historias de familias que sueñan con adoptar un hijo. Sin embargo, la posibilidad de que ese deseo coincida con la realidad de los adolescentes que viven en las residencias del Estado es casi nula, apenas el 0,93% de los postulantes inscriptos, un único legajo sobre 107, está dispuesto a recibir a un joven de 17 u 18 años. Esta brecha convierte el derecho de los niños a tener una familia en una espera cada vez más larga a medida que cumplen años.

Actualmente, el sistema de protección provincial cuenta con 6 chicos en situación de adoptabilidad, en su mayoría adolescentes o integrantes de grupos de hermanos. La traba principal reside en el perfil sumamente acotado de los postulantes, el 90% busca únicamente bebés o niños de hasta 6 años.

Las estadísticas oficiales del Registro Único de Adopción (RUA) de San Juan muestran con claridad cómo la disponibilidad de las familias adultas cae drásticamente a medida que los niños crecen

Edad del niño/a	Legajos con disponibilidad	Porcentaje de aceptación
1 a 2 años	98 legajos	91,59% (Pico Máximo)
6 años	59 legajos	55,14%
10 años	19 legajos	17,76%
12 años	6 legajos	5,61% (Umbral Crítico)
17 y 18 años	1 legajo	0,93% (Piso Mínimo)

A este severo filtro etario se suman otros condicionantes que reducen aún más las posibilidades de egreso de los chicos, el 57% de las familias inscriptas (61 legajos) rechaza adoptar a grupos de hermanos, lo que obliga a las autoridades judiciales a evaluar decisiones dolorosas como separar a los chicos o mantenerlos institucionalizados juntos. Asimismo, el 83% de los postulantes (89 legajos) excluye tajantemente la posibilidad de integrar a niños con enfermedades complejas o alguna discapacidad.

Esta marcada diferencia pone en evidencia una problemática cultural profunda. La abogada especialista en derecho de familia, Carolina Fernández, señala que en la sociedad opera un marcado “adultocentrismo”, en el cual los postulantes acuden al registro buscando un bebé para moldearlo a su imagen y semejanza, priorizando su propio deseo de mapaternidad por sobre el derecho superior del niño a ser criado en una familia estable.

En la misma línea, Leonor Moral, trabajadora social del RUA, explica que las familias suelen llegar con la fantasía de un “niño ideal que no existe en el sistema de protección”.  Debido a ello, la labor técnica del organismo consiste en un proceso artesanal de acompañamiento para desarmar mitos y expandir la disponibilidad afectiva hacia el «niño real», quien llega con una historia de vida construida, vivencias complejas y una identidad propia que no debe ser invisibilizada.

En el plano psicológico, la permanencia prolongada en las residencias estatales deja marcas profundas. Moral destaca que el acceso masivo a las redes sociales motiva a muchos adolescentes a buscar y contactar a sus familias biológicas, lo que en ocasiones genera falsas expectativas de retorno y dificulta la construcción de un nuevo vínculo adaptativo. En los casos más críticos, cuando finalmente aparece una familia dispuesta, son los propios jóvenes quienes terminan rechazando la vinculación expresando que “ya no quieren ser adoptados” o confundiendo la fijación de límites y normas convivenciales con un rechazo afectivo, como consecuencia de traumas no elaborados.

La concepción institucional de la adopción en la provincia ha experimentado transformaciones sustanciales. Teresita Rodríguez, socióloga y directora del RUA, recuerda que históricamente existían los denominados “hogares de tránsito”, donde las familias acogían temporalmente a los niños bajo una perspectiva asistencial o caritativa, aunque era frecuente que los devolvieran al comenzar la adolescencia. Hoy, los marcos legales e institucionales afirman un principio categórico: la adopción no es un acto de caridad, sino la asunción de una filiación legal y afectiva permanente.

Al alcanzar los 18 años, la medida de protección institucional concluye de manera formal. En esta etapa, el Estado incluye a los jóvenes en programas de egreso guiado para capacitarlos en oficios y facilitar su inserción socio-laboral. Sin embargo, la encrucijada de fondo sigue intacta: ninguna herramienta técnica, taller de formación ni asignación estatal puede reemplazar el sostén incondicional, la pertenencia y la contención emocional que brinda una familia.